Europa cuestiona el registro de viajeros y da argumentos a las reclamaciones del sector turístico

La decisión de la Comisión Europea de abrir un procedimiento de infracción contra España por el sistema de registro de viajeros ha reabierto un debate que el sector turístico mantiene vivo desde la aprobación del Real Decreto 933/2021. Hoteles, alojamientos turísticos, agencias de viajes y patronales como CEHAT han denunciado durante años que las obligaciones impuestas por el Gobierno español eran excesivas, difíciles de aplicar y alejadas de la realidad operativa de las empresas.

Bruselas considera que la normativa española podría vulnerar principios comunitarios relacionados con la protección de datos y la proporcionalidad, al exigir la recopilación, conservación y transmisión de un amplio volumen de información personal de los viajeros, incluidos datos de pago y otros elementos sensibles. La Comisión también cuestiona que el acceso a esta información por parte de las autoridades no esté suficientemente limitado a finalidades específicas y que el plazo de conservación de los datos, fijado en tres años, pueda resultar desproporcionado.

Desde su entrada en vigor, el sector ha advertido reiteradamente que el sistema generaba una importante carga administrativa, especialmente para pequeñas empresas y alojamientos independientes, además de incrementar los riesgos asociados a la custodia de datos personales. Las organizaciones empresariales han defendido siempre la necesidad de colaborar con las fuerzas de seguridad para garantizar la protección ciudadana, pero han criticado que las obligaciones impuestas convirtieran a los establecimientos turísticos en gestores de una cantidad de información considerada innecesaria para los objetivos perseguidos.

La apertura del procedimiento europeo es interpretada por buena parte de la industria turística como un respaldo a las advertencias formuladas durante los últimos años. El sector reclama ahora la revisión profunda o derogación de la normativa actual y la apertura de una mesa de diálogo entre administraciones, empresas y representantes sectoriales para definir un modelo que concilie las necesidades de seguridad con la privacidad de los viajeros y la viabilidad operativa de las empresas turísticas.