La inspección fiscal italiana ha atribuido a Airbnb una evasión fiscal por no pagar las retenciones correspondientes a los ingresos recibidos entre 2017 y 2021. Por este motivo, la guardia financiera por orden del tribunal le ha confiscado 779 millones de euros.
La autoridad fiscal denuncia que la compañía no ha pagado el 21% sobre los 3.700 millones de euros que generaron los alquileres turísticos que gestionó en Italia en ese periodo. La autoridad se basa en una ley de 2017 que obliga a realizar el pago a la Hacienda de un 21% sobre los ingresos que reciben los propietarios por el alquiler de corta duración. Airbnb no ha ingresado en las arcas italianas cantidad alguna violando presuntamente la ley, según atribuye la fiscalía italiana.
Como es habitual en su política comunicativa, la multinacional ha informado que han actuado cumpliendo la ley y que está en conversaciones con las autoridades para resolver la situación. La investigación sigue en marcha y en manos del Tribunal de Milán.
Es práctica habitual de Airbnb evitar el pago de impuestos o el cumplimiento de las normativas en los mercados en los que opera, según se desprende de las críticas que realizan administraciones locales, regionales y nacionales europeas. La noticia de la actuación de Italia ha coincidido con el anuncio de resultados de la multinacional. El tercer trimestre de 2023 obtuvo un beneficio neto superior a los 4.100 millones de euros, el más rentable de su historia.
