Barcelona estrecha el control sobre los pisos turísticos mientras impulsa un modelo con mayor retorno local

Barcelona está reforzando sus políticas para gestionar los efectos de la actividad turística sobre la ciudad, con tres frentes que ponen el foco en la fiscalidad, el retorno social y la vivienda. La principal actuación es el Plan de regularización fiscal del sector turístico, que prevé inspeccionar hasta 2028 un total de 463 empresas que gestionan 2.281 viviendas de uso turístico (HUT) y 280 apartamentos turísticos.

Las inspecciones ya han permitido cerrar 150 expedientes y practicar 457 liquidaciones de IAE, con una recaudación de 835.200,76 euros y un incremento de 220.302,94 euros del padrón anual del impuesto. El plan, desarrollado por el Institut Municipal d’Hisenda con la colaboración de la Agència Tributària de Catalunya, cruza información fiscal y turística para detectar empresas que no tributan correctamente, así como posibles irregularidades relacionadas con superficies, alojamientos, IBI u obras no declaradas.

Del control fiscal al retorno de la economía turística al vecino

En paralelo, Ciutat Vella ha puesto en marcha la Oficina Técnica para el Turismo Responsable, con el objetivo de que una mayor parte de la actividad generada por los visitantes repercuta en el propio territorio. La iniciativa, impulsada por el distrito y Barcelona Activa, trabaja con hoteles, equipamientos culturales, comercios y entidades sociales para fomentar la contratación de personas del distrito y el consumo de productos y servicios de proximidad. Ya se han realizado más de 60 reuniones y contactos con agentes del territorio.

La nueva oficina amplía así el proyecto «Compra a Ciutat Vella», un catálogo digital de comercios singulares, sostenibles y arraigados al territorio que se difunde a través de los hoteles. La voluntad es avanzar hacia un modelo en el que la economía del visitante no solo genere actividad para el sector turístico, sino también oportunidades para los residentes y el comercio local.

En materia de vivienda, el Ayuntamiento también ha ampliado de 56.000 a 256.000 euros el presupuesto de las ayudas para que las comunidades de propietarios modifiquen sus estatutos y limiten los usos turísticos. La convocatoria, abierta hasta el 31 de diciembre, cubre hasta el 50% de determinados gastos, con un máximo de 1.500 euros o 2.500 euros según el caso. La ampliación llega después de recibir más de 80 solicitudes, un 30% por encima de las previsiones iniciales.

Las tres líneas dibujan una misma estrategia: más control sobre la actividad turística, más retorno económico al territorio y más herramientas para reducir la presión de los alojamientos turísticos sobre la vivienda. En este contexto, Barcelona mantiene el compromiso de no prorrogar más allá de 2028 las licencias de los más de 10.000 HUT actuales, mientras trata de combinar la competitividad de un destino turístico internacional con una mayor integración de la actividad en la vida de los barrios.