El turismo rural catalán exige quedar excluido del nuevo Registro de Alquileres turísticos

Las principales entidades del turismo rural catalán —Turalcat, Turisme Rural Girona y otras asociaciones territoriales— siguen manifestando su rechazo a la inclusión de este tipo de alojamientos en el nuevo Registro Único de Alquileres establecido por el Real Decreto 1312/2024. El sector reclama que la Generalitat aclare que los establecimientos de turismo rural no son viviendas de alquiler turístico, sino una modalidad de alojamiento regulada como establecimiento turístico, y por tanto no deben inscribirse en dicho registro.

Este nuevo registro, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, obliga a todas las viviendas destinadas al alquiler de corta duración a obtener un número de identificación para continuar comercializándose en plataformas digitales a partir del 1 de julio de 2025. No obstante, según afirman las asociaciones, los alojamientos de turismo rural en Cataluña están regulados por el Decreto 75/2020 como parte de la categoría de alojamientos turísticos, equiparables a hoteles, campings o apartamentos.

A pesar de haber planteado esta cuestión a la Dirección General de Turismo de la Generalitat desde el mes de marzo, el sector lamenta la falta de respuesta clara por parte de la administración catalana. Afirman que esta debería haber comunicado formalmente a los Registradores de la Propiedad que las casas rurales catalanas no están sujetas al registro estatal de alquileres.

Este silencio institucional está generando inseguridad jurídica y afectaciones comerciales directas, denuncian. Plataformas de comercialización digital como Escapada Rural, TusCasasRurales, Holidu o Ruralgest exigen a los propietarios de alojamientos rurales que se registren como si fueran viviendas de uso turístico, con el riesgo de ser excluidos si no cumplen este requisito.

Según las entidades, esta situación pone en riesgo el funcionamiento de un sector clave para la economía de las zonas rurales catalanas. El turismo rural representa un elemento de fijación de población, creación de empleo y dinamización socioeconómica, y denuncian que en los últimos años la administración no ha tenido en cuenta su especificidad en distintas normativas.

Actualmente, se han sumado al rechazo al registro obligatorio las entidades Turisme Rural de la Garrotxa, Agroturisme Berguedà y Concatur, además de las federaciones que lideran el movimiento.

Las asociaciones exigen que la Generalitat establezca antes del 30 de junio una directriz clara que garantice la diferenciación legal y operativa de los alojamientos de turismo rural respecto a las viviendas de alquiler turístico, y que no deje la interpretación en manos de las plataformas ni de criterios arbitrarios.