La CNMC sanciona a cuatro grandes agencias por repartirse contratos públicos de viajes
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones por valor de 2,91 millones de euros a Ávoris Retail, IAG7, Nautalia y Viajes El Corte Inglés por prácticas contrarias a la competencia en la adjudicación de contratos públicos de servicios de viajes.
Según ha informado el organismo regulador, las agencias sancionadas se coordinaron para repartirse licitaciones convocadas por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid entre los años 2021 y 2022, limitando la competencia y alterando el normal funcionamiento de los concursos públicos.
En el caso del Banco de España, la CNMC concluye que las cuatro compañías acordaron no presentarse a una licitación para forzar que quedara desierta y pudiera volver a convocarse en condiciones más favorables. En el contrato de la Universidad Complutense de Madrid, Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris habrían pactado un sistema rotatorio para repartirse los encargos de viajes del personal universitario, de modo que en cada solicitud solo se presentaba una oferta.
Como resultado de la investigación, Nautalia ha sido sancionada con 850.000 euros, Ávoris Retail con 740.000 euros, Viajes El Corte Inglés con 690.000 euros e IAG7 con 630.000 euros. Además de las multas económicas, la CNMC ha impuesto la prohibición de contratar con la administración pública durante seis meses a Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail, y durante tres meses a IAG7, en licitaciones relacionadas con servicios de agencias de viajes.
El expediente se inició en diciembre de 2023 tras diversas inspecciones en las sedes de las empresas implicadas. La CNMC recuerda que este tipo de acuerdos están expresamente prohibidos tanto por la Ley de Defensa de la Competencia como por la normativa europea, al restringir la libre competencia y reducir las opciones disponibles para los usuarios finales.
Las empresas sancionadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución.
