Los agentes de viajes quedarán desregulados en Cataluña

ACAVe denuncia que el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas que quiere aprobar la Generalitat elimina la denominación de los agentes de viajes de la normativa y esto “afectará gravemente la operativa y la viabilidad de las agencias catalanas”.

El Gobierno catalán pretende derogar los artículos 54 y 55 de la Ley de Turismo de Catalunya, los cuales regulan la figura del ‘agente de viajes’ y la efinición del ‘viaje combinado’ y por tanto el sector quedaría desregularizado, según ACAVe. Esta medida se ha tomado “de manera unilateral, sin contar con el consenso del sector de las agencias”, añaden.

El Presidente de ACAVe, Martí Sarrate añade que “el hecho de querer eliminar la denominación de agente de viajes perjudica gravemente a las 1.713 agencias de viajes actualmente registradas en Cataluña, pues estas persones físicas y jurídicas desarrollan una actividad profesional, históricamente denominada agencia de viajes, denominación reconocida internacionalmente y que identifica la actividad de venta y organización de viajes combinados”.

La Generalitat, por su parte, explica que la actividad de agente de viajes ya estaba totalmente liberalizada en Cataluña, antes de plantear estos cambios, pudiendo acceder cualquier persona que presente las garantías establecidas en la normativa europea. La diferencia substancial es que las garantías establecidas en la Directiva europea de viajes combinados, necesarias para desarrollar esta actividad, deberán depositarla en el área de Consumo de acurdo con el nuevo Código de Consumo de Cataluña, y por eso se elimina de la normativa de turismo la referencia al agente de viajes.

Desde ACAVe recuerdan del peligro de eliminar la figura del agente de viajes como tal y la definición de viaje combinado, porque puede tener muchas implicaciones que afectan a las agencias como por ejemplo: el convenio colectivo, el reglamento de facturación o la propia normativa IATA. ACAVe solicita que se mantenga la regulación actual ya que considera que a dia de hoy no tiene sentido la modificación propuesta por el gobierno autonómico.

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