Airbnb pierde un pulso judicial de cinco años con la Generalidad de Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado la normativa turística catalana sobre viviendas de uso turístico y obliga a Aibnb a cumplirla. La plataforma interpuso un recurso contencioso administrativo en el año 2015 contra la directora general de Turismo de ese momento, Marian Muro, que obligaba a bloquear, suprimir o suspender de forma definitiva los anuncios de alojamiento turístico que no tuviera número de registro (NRTC).

El TSJC ha avalado ese procedimiento de la dirección general de Turismo y ha fallado en contra de Airbnb tras 5 años de litigio. Este batacazo judicial se suma al que recibió hace pocos días del Tribunal Supremo al desestimar también el recurso que había presentado contra la Comunidad Valenciana por no incluir el número de registro.

La sentencia del TSJC es destacable en varios aspectos. El primero porque el juez estima que Airbnb debe cumplir la Ley de Turismo catalana sobre la oferta de alojamiento que esté en Cataluña y no la puede esquivar escudándose en un entramado de domicilios sociales en diferentes países o personalidades jurídicas empresariales diversas.

El Tribunal no considera a la plataforma únicamente un servicio de conexión tecnológica entre usuarios y le otorga un papel de responsabilidad. En este sentido, traslada a Airbnb la obligación de distinguir aquellos alojamientos de alquiler que son turísticos e identificarlos con el NRTC.

Además, añade en la sentencia que publicar NRTC no es una medida que restrinja el acceso a la prestación de servicios, al contrario, permite proteger a los usuarios del fraude. Por ello no vulnera ninguna ley estatal o europea de regulación de las plataformas tecnológicas sobre el libre acceso a los servicios.

Marian Muro, que fue directora general de Turismo de la Generalitat de 2011 a 2016 fue pionera en la definición y regulación de los denominados VUTs (Viviendas de Uso Turístico), una fórmula de alojamiento que se estaba extiendo y comenzaba generar problemas de competencia desleal, economía sumergida, fraude fiscal…

El actual director general de Turismo, Octavi Bono, y su equipo jurídico han mantenido su posición de firmeza ante esta plataforma que se ha opuesto a cumplir la normativa. Bono ha declarado que «no cejaremos en evitar que se promocionen viviendas turísticas ilegales” y se ha mostrado satisfecho porque «la sentencia del TSJC refuerza nuestros argumentos en cuanto al control y la inspección de un fenómeno que está obligado a cumplir la ley como el resto de actores.”

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