Desbarajuste político con la tasa turística: el sector, atrapado entre decretos y contradicciones
Cuando el sector respiraba aliviado por la congelación temporal de la tasa turística catalana hasta octubre, ahora se encuentra con un nuevo sobresalto
La tasa turística catalana se ha convertido en el centro de un nuevo episodio de descoordinación política en el Parlament de Cataluña, dejando al sector turístico en una situación de inseguridad jurídica y desconcierto operativo. En cuestión de días, se ha aprobado una subida del tributo, se ha intentado aplazar su aplicación, y ahora el Govern se ve obligado a redactar un nuevo decreto para deshacer lo que, según admite la propia consellera de Economía, ha sido una “situación extraña”.
¿El motivo? El desacuerdo entre Esquerra Republicana y En Comú Podem, que están actuando en el Parlament como adversarios. El resultado: se ha validado la subida de la tasa turística, pero se ha rechazado el aplazamiento de su entrada en vigor, dejando a hoteleros, empresarios y ayuntamientos sin una norma clara a seguir. De hecho, hoy ya deberían estar cobrando las nuevas tarifas, y no en octubre como se preveía.
Un paso adelante y dos atrás
En una maniobra insólita, se ha aprobado un primer decreto que duplicaba el importe de la tasa turística en toda Cataluña y permitía recargos municipales de hasta ocho euros en ciudades como Barcelona. Todo ello sin tener en cuenta las peticiones del sector, que reclamaba más tiempo para adaptarse. Cuando el Govern intentó corregir el tiro con un segundo decreto para aplazar la medida, este fue rechazado en el Parlament por una mayoría inesperada, incluidos Junts, PP, Vox y Aliança.
La consellera de Economía, Alícia Romero, expresó su “sorpresa” ante este giro de los acontecimientos y anunció que el ejecutivo volverá a aprobar un nuevo decreto con efectos retroactivos para eximir a los hoteleros del cobro temporal de la nueva tasa. Sin embargo, si el decreto vuelve al Parlament y no cambian los votos, la situación podría repetirse.
La inseguridad jurídica, al orden del día
Más allá del baile de decretos, la situación ha generado una profunda inseguridad jurídica. A estas alturas, hay establecimientos que no saben si deben cobrar la nueva tasa o la antigua. El Govern ha dicho que, si alguien la cobra por precaución, podrá devolverla en la liquidación fiscal posterior. Pero esta provisionalidad no ofrece confianza a un sector que trabaja con reservas previstas a meses vista.
La situación también ha evidenciado las contradicciones internas de los partidos. Mientras que los Comuns han cargado contra Esquerra por defender una propuesta más laxa con el sector, ERC denuncia que no sabían que los Comuns iban a rechazar el aplazamiento. Entre reproches y acusaciones cruzadas, unos y otros han explicado una cosa en público, pero han votado otra en el Parlament, con un resultado inesperado y desconcertante.
El Govern se reunirá con representantes del sector para tratar de aportar algo de claridad. Pero la herida ya está hecha: la falta de coordinación parlamentaria ha convertido la gestión de la tasa turística en un mal ejemplo de gobernanza. Con cada decreto aprobado o tumbado, el mensaje que se transmite es que las reglas del juego pueden cambiar de un día para otro, algo especialmente perjudicial en un ámbito tan sensible como el turismo.
