Apartur lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Barcelona por subvencionar a las comunidades que rechazan los pisos turísticos
Las ayudas solo se conceden si las comunidades de propietarios aprueban acuerdos restrictivos
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha denunciado al Ayuntamiento de Barcelona por incentivar a las comunidades de propietarios a incorporar en sus estatutos la prohibición de actividades económicas, incluida la actividad turística.
Según Apartur, la Comisión de Gobierno municipal aprobó el 8 de mayo de 2025 un convenio de colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, presentado públicamente como un acuerdo para fomentar normas de convivencia en los edificios. Sin embargo, tras analizar el contenido íntegro del convenio, la asociación sostiene que su objetivo real es apoyar explícitamente a las comunidades de vecinos para que incluyan en sus estatutos la prohibición de actividades económicas legalmente autorizadas.
Apartur considera que el convenio excede las competencias municipales y afecta a actividades reguladas y con licencia en vigor, como las viviendas de uso turístico. La asociación denuncia que el acuerdo contempla subvenciones y ayudas económicas tanto a entidades como a comunidades de propietarios y profesionales que modifiquen sus estatutos para restringir usos, y sostiene que el sistema incentiva asesoramientos en un único sentido, ya que la subvención solo se concede si la comunidad adopta acuerdos restrictivos.
Desde el sector de los apartamentos turísticos recuerdan que la legislación catalana ya permite, desde hace más de una década, que las comunidades de propietarios limiten o prohíban el uso turístico mediante estatutos debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad. La directora general de Apartur, Marian Muro, ha cuestionado la eficiencia de destinar recursos públicos a una medida que considera reiterativa y ha defendido que estos fondos podrían orientarse a políticas con un impacto directo en el acceso a la vivienda.
El procedimiento judicial está pendiente de que el juzgado decida sobre la admisión del recurso y, en su caso, sobre la validez del convenio impugnado.
