Crece la presión contra los pisos turísticos ilegales
APARTUR impulsa denuncias ciudadanas mientras el Gobierno retira 53.800 viviendas
La regulación de los apartamentos turísticos entra en una nueva fase de tensión con iniciativas que se extienden desde el ámbito local hasta el europeo.
Por un lado, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR) ha puesto en marcha “APARTUR Denuncia”, una herramienta que permite que cualquier ciudadano informe de manera anónima sobre pisos o habitaciones ofertados por menos de 31 días sin licencia. Según la patronal, solo en Barcelona habría más de 3.000 habitaciones ilegales, muchas veces gestionadas por grupos que subdividen viviendas para subarrendarlas.
En paralelo, el Gobierno central ha ordenado la retirada de 53.800 anuncios de viviendas turísticas irregulares, una medida que busca derivar estos inmuebles hacia el mercado residencial, con incentivos fiscales y ayudas al alquiler a largo plazo. Sin embargo, la decisión ha generado alarma entre las patronales de varias comunidades, que acusan al Ejecutivo de invadir competencias autonómicas y de alterar la seguridad jurídica del sector.
El debate se extiende más allá de las fronteras españolas. En Alemania, fuerzas políticas reclaman normas más estrictas para las viviendas vacacionales en ciudades como Berlín y Hamburgo, mientras que en Italia el Gobierno ha anunciado la eliminación de 54.000 anuncios ilegales con el argumento de que estas viviendas deben volver a ser residencia para jóvenes y familias.
Expertos y analistas advierten que la proliferación de pisos turísticos está vinculada al encarecimiento de la vivienda y a la transformación de las grandes ciudades en espacios cada vez más difíciles para vivir. Algunos municipios franceses y suizos ya estudian prohibir las segundas residencias para aliviar la presión inmobiliaria.
