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El autor interpreta la situación generada a raíz de la aprobación del proyecto de Ley de costas y la compatibilidad entre las actividades económicas y la protección del litoral.<\/em><\/p>\n <\/p>\n Las interrelaciones entre urbanismo y turismo han hecho correr ya muchos ríos de tinta. Pues bien, un poco más: hace unos días el Gobierno del Estado aprobaba el ante-proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y que, después de recorrer los pertinentes trámites institucionales, entiéndase parlamentarios, se convertirá, con total seguridad sin demasiados problemas dado el actual arco de representación parlamentaria, en la nueva ley de costas.<\/p>\n El estado de nuestro litoral es de sobras conocido, y sólo hace falta echar un vistazo al informe anual de Greenpeace, de revelador título Destrucción a toda costa, para constatar que nuestras peores pesadillas al respeto no pertenecen en absoluto al género de la ciencia ficción.<\/p>\n La ley del 88 pretendía el doble y ambicioso objetivo de reparar los daños causados y poner freno a la proliferación de malas prácticas en las nuevas actuaciones urbanísticas. Siendo lo primero difícil en el mejor de los casos, no hubiese sido descabellado abocar los esfuerzos en el segundo de los retos, el auténtico caballo de batalla en mi modesta opinión. En efecto, aparece como un factor clave impedir que nuestro urbanismo litoral continúe por la vía del descontrol. Que la norma fue ineficiente se puede ilustrar con ejemplos diversos. El botón de muestra quizás más mediático, el hotel del Algarrobico, construido a escasos metros del agua. ¿Por qué? Seguramente causas diversas, pero una indiscutible: error en cadena de los mecanismos de control administrativo, en manos de administraciones diversas. Imprescindible para los amantes del tema en cuestión el reportaje de investigación que el programa 30 minuts<\/a><\/em> le dedicaba a mediados de la primera década del siglo (http:\/\/www.tv3.cat\/videos\/205720636). Pues bien, final de la historia, el Tribunal Supremo ordena su derribo a principios de este año. ¿Final de la historia? Ni mucho menos, el hotel todavía está en pie, sólo que ilegal e ilegalizable.<\/p>\n Y el Gobierno, tal y como se venía reclamando desde hace tiempo, también desde las instituciones comunitarias, se pone a trabajar en la reforma de la ley, para que deje de ser fuente de conflictividad y de decisiones arbitrarias. Entre los principales objetivos de la reforma, articular la protección del litoral incrementando la seguridad jurídica, en especial de las ocupaciones y de las actividades económicas. Sin embargo, me preocupa un interrogante al cual, quizás por desconocimiento, no encuentro respuesta, o no la quiero encontrar. ¿Es compatible la protección del litoral con el hecho de dotar de seguridad jurídica a las actividades económicas? ¿No será que para conseguir la primera hay que limitar necesariamente la segunda? Y no podemos obviar que estas actividades son mayoritariamente actividades turísticas, cuando no directamente empresas turísticas.<\/p>\n Tampoco me tranquiliza en exceso saber que desde el Gobierno se quiere mejorar la confianza de los inversores extranjeros y dar salida al stock de viviendas. Debo ser muy mal pensado. Ni tan siquiera eso, así lo reconoce textualmente la presentación del proyecto de reforma que el Ministerio tiene en su web , concretamente en la diapositiva 13<\/a>.<\/p>\n Pero no todo va a ser criticable: bienvenida sea la clausula anti-Algarrobico, que debería permitir el control de las excesivas competencias que en la materia tienen las corporaciones locales.<\/p>\n En definitiva, una de cal y una de arena… Y el tema promete emociones.<\/p>\n Oscar Casanovas Ibañez<\/em><\/strong>
\nProfesor de Derecho Turístico y Política Turística<\/font>
\nEUHT CETT – UB
\noscar.casanovas@cett.es<\/a><\/p>\n