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Turismo de Catalunña detecta más de 9.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb

La administración reclama a la plataforma la retirada de los anuncios y podría abrir un expediente sancionador si no se ejecuta

La Generalitat catalana ha identificado más de 9.000 anuncios de pisos turísticos ilegales publicados en la plataforma Airbnb, según han confirmado fuentes oficiales a varios medios. La detección ha sido posible gracias a una herramienta tecnológica propia del Govern, que permite rastrear alojamientos no registrados en los principales portales de alquiler turístico.

Los indicios de irregularidad incluyen, entre otros, la falta de número de registro turístico o la incoherencia entre la dirección anunciada y la registrada oficialmente. Turisme ha solicitado a Airbnb la retirada inmediata de estos anuncios y ha advertido que, en caso de no ejecutarse, podría iniciarse un expediente sancionador contra la plataforma.

Esta actuación es independiente de la que emprendió recientemente el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que solicitó el bloqueo de más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas ilegales en varias comunidades autónomas. Según las fuentes consultadas, podría existir un alto grado de coincidencia entre ambos procesos de detección, a pesar de haberse realizado por vías distintas.

La Dirección General de Turisme ha desarrollado esta herramienta con el objetivo de mejorar el control de la oferta turística, y ya la ha puesto a disposición de más de treinta ayuntamientos para reforzar la gestión local. En declaraciones públicas, se ha destacado el valor de esta colaboración institucional para intensificar la detección y respuesta ante la oferta ilegal.

Por su parte, Airbnb ha argumentado que ha trasladado propuestas a la administración para establecer un protocolo simplificado de retirada de anuncios, pero sigue sin aplicar de forma efectiva las instrucciones de las autoridades catalanas. La compañía ha señalado que solo retira contenidos cuando recibe notificaciones con “pruebas demostrables” de incumplimiento, una forma de saltarse y no cumplir la normativa local vigente.

La justicia respalda a Consumo en su ofensiva para que Airbnb retire más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en España

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