La justicia respalda a Consumo en su ofensiva para que Airbnb retire más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en España

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso decisivo en su lucha contra la oferta ilegal de alojamientos turísticos en España. A través de la Dirección General de Consumo, el departamento que encabeza Pablo Bustinduy ha ordenado a Airbnb el bloqueo de 65.935 anuncios de viviendas turísticas que incumplen la normativa vigente en diversas comunidades autónomas.

La medida, respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se convierte en un precedente clave en la regulación del alquiler turístico online. El alto tribunal ha avalado ya una de las resoluciones del Ministerio e insta a la plataforma a eliminar de inmediato una primera tanda de 5.800 anuncios, al considerar que vulneran la legislación autonómica en materia de vivienda y consumo.

Los motivos del bloqueo: licencias falsas, falta de información y opacidad

Según ha detallado el Ministerio, los anuncios considerados ilegales presentan alguna de estas tres irregularidades:

• No incluyen el número de licencia o registro turístico obligatorio.
• No identifican si el arrendador es profesional o particular, lo que afecta directamente a los derechos del consumidor.
• Incorporan números de licencia falsos o no reconocidos por las autoridades competentes.

Las comunidades autónomas afectadas por esta primera resolución judicial son Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi, territorios donde la presión turística y el auge del alquiler vacacional han generado un intenso debate sobre el acceso a la vivienda y la convivencia urbana.

Un giro judicial frente al modelo de plataformas de alquiler

Airbnb había presentado un recurso judicial para frenar la orden de Consumo, pero el TSJM ha desestimado el intento de la plataforma y ha respaldado la actuación del Ministerio. Esta sentencia, aunque referida solo a una de las tres resoluciones emitidas hasta la fecha, refuerza la posición del Gobierno en su objetivo de poner coto al descontrol del mercado del alquiler turístico.

El ministro Bustinduy ha subrayado su intención de seguir colaborando con otras administraciones públicas para asegurar el cumplimiento de la normativa, proteger a los consumidores y contribuir a una oferta turística “legal, transparente y respetuosa con el derecho a la vivienda”.

Impacto en el sector y precedentes regulatorios

Esta intervención se suma a otros expedientes sancionadores impulsados desde finales de 2024, tanto contra plataformas como contra grandes gestoras de pisos turísticos e inmobiliarias, por prácticas publicitarias engañosas y abusivas. Consumo está utilizando los datos recopilados por su Unidad de Análisis para reforzar la coordinación con comunidades autónomas y municipios, en una estrategia de vigilancia compartida.

Para el sector turístico y las agencias de viajes, esta medida reabre el debate sobre la necesidad de establecer reglas del juego claras entre operadores tradicionales y plataformas digitales, así como el papel que deben jugar los intermediarios en la verificación de la legalidad de los alojamientos que ofertan.